Un año después de que la Ley 2/2023 del 20 de febrero se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) marcando un antes y un después en la lucha contra las prácticas corruptas en el ámbito laboral, es momento de evaluar su impacto. La normativa, que impuso a las entidades con más de 50 empleados la creación de un Sistema Interno de Información, ha buscado proteger a quienes, desde su rol profesional, destapan irregularidades. También prevenir y detectar amenazas al interés público mediante estos sistemas de información o comunicación. Este análisis aborda las claves de su implementación y cómo ha cambiado el panorama de la integridad corporativa en España.
1. Promoción de un ambiente transparente
La ley ha incentivado la transparencia dentro de las corporaciones al facilitar que empleados y colaboradores denuncien sin temor actividades ilegales. Cubriendo un amplio espectro de trabajadores, desde empleados a voluntarios, la normativa ha conseguido que más personas se atrevan a hablar, sabiendo que cuentan con respaldo legal. Las entidades han designado un responsable del sistema, que en unos casos es una persona individual y en otros órgano colegiado, y cuyo nombramiento, destitución o cese dependerá del órgano de administración.
2. Canales de denuncia eficaces
Un aspecto destacado ha sido la implementación de canales internos y externos para las denuncias, con procedimientos claros y un compromiso de respuesta ágil. Esta estructura ha permitido no solo recibir, sino gestionar de manera efectiva las alertas, asegurando un seguimiento adecuado y medidas correctivas cuando ha sido necesario. Así, encontramos diversas maneras de enfocar el canal de comunicación de la empresa. El canal interno; un canal externo o Autoridad Independiente de Protección al Informante (AAI); o bien, mediante revelación pública. Dos de los requisitos de esta ley son la obligación de acuse de recibo de la comunicación al informante, en el plazo de siete días naturales siguientes a su recepción; y la fijación de un plazo máximo para dar respuesta a las actuaciones de investigación, que no podrá ser superior a tres meses a contar desde la recepción de la comunicación, salvo casos de especial complejidad.
3. Un blindaje contra represalias
La protección robusta contra represalias ha sido una de las bases de esta legislación, ofreciendo un paraguas de seguridad a los informantes por un periodo de dos años post denuncia. Asimismo, se prevén determinadas medidas de apoyo a las que podrán acceder los informantes. Esto ha cambiado el juego para muchos, que ahora se sienten más seguros al reportar.
4. Obligaciones y sanciones claras
La ley no se ha quedado corta en detallar las obligaciones de las organizaciones ni en establecer un régimen sancionador para aquellos que no se ajusten a sus requerimientos o que tomen represalias contra los informantes, asegurando así la seriedad y el compromiso con la aplicación de la norma. Constituye una infracción muy grave no tener implantado el sistema o adoptar represalias contra los informantes, sancionable con multa de 30.001€ a 30.000€ para las personas físicas, y multa de entre 600.001€ y 1.000.000€ para las personas jurídicas. Se podrán imponer asimismo sanciones accesorias como la amonestación, la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante un plazo de hasta 4 años, así como la prohibición de contratar con el sector público durante 3 años.
5. Impacto en el compliance penal
La adaptación a esta ley ha requerido un esfuerzo significativo por parte de las empresas para alinear sus políticas y procedimientos con los nuevos requisitos, mejorando en muchos casos sus estándares de cumplimiento y ética empresarial. Esta evolución no solo cumple con un mandato legal, sino que promueve un entorno de trabajo más justo y transparente. El compliance penal ha sido decisivo como apoyo a esta nueva Ley de Informantes.
La Ley 2/2023 ha sido un paso crucial hacia la consolidación de prácticas empresariales éticas y transparentes en España. Si bien el camino hacia una integridad corporativa total aún es largo y está lleno de desafíos, los avances observados tras su primer año de aplicación son alentadores. Las organizaciones han comenzado a internalizar la importancia de ofrecer canales seguros para denuncias y de proteger a quienes se atreven a señalar las irregularidades. Con esta ley, España avanza firme en su compromiso contra la corrupción, fortaleciendo la confianza en el tejido empresarial y promoviendo un entorno laboral más seguro y ético. La evaluación de su impacto sugiere una adaptación progresiva pero firme hacia una cultura de cumplimiento y transparencia que, sin duda, beneficiará a toda la sociedad.
Un artículo de Blog Talento Abogados.